• Los estados financieros de Bankia no expresaban su imagen.
• La falsa información tuvo un resultado lesivo para el inversor.
• La fianza podría aumentar o disminuir.

Si bien asistíamos hace poco al descubrimiento de las tarjetas black y al posible expolio de caja Madrid, el caso Bankia sigue coleando. Os hablamos por supuesto de la posible salida fraudulenta de la entidad a bolsa. El magistrado ha impuesto una fianza de 800 millones de euros a Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros, al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y a tres miembros del consejo de administración, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Fernández Norniella. En su auto el Juez Andreu da un plazo de 30 días para que, de forma solidaria, depositen la fianza y así asegurar las eventuales responsabilidades que se pueden derivar en la causa. También advierte el magistrado que de no depositar el dinero en el plazo requerido se procederá al embargo de los bienes hasta cubrir dicha suma. Cabe mencionar que cabe recurso contra el presente auto, de hecho Bankia ha anunciado que interpondrá recurso contra la fianza. De esta forma el juez Andreu deja fuera de la fianza al resto de los imputados considerando que son los cuatro miembros del antiguo consejo de administración los responsables del acuerdo que se tomó el 15 de junio del 2011, en el que se aprobaba la información financiera que se incluiría en el folleto informativo de salida a bolsa de Bankia, cuya veracidad, según el magistrado, está puesta en entredicho con sólidos y fundados indicios.

Los estados financieros de Bankia no expresaban su imagen.

Según Andreu, la prueba pericial que elaboraron dos técnicos del Banco de España, en la cual se ponía de manifiesto que los estados financieros del folletos de la OPS ( Oferta Pública de Subscripción ) de Bankia no expresaban una imagen fiel de la entidad, además del resto de pruebas presentadas que desprenden un delito tipificado en el artículo 282 bis del código penal, castigado hasta con seis años de prisión. El citado artículo castiga a quienes como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes.

La falsa información tuvo un resultado lesivo para el inversor.

De esta forma, en el auto, el juez expone que la falsedad existió en primer lugar porque los estados financieros de Bankia y la BFA no expresaban su imagen fiel antes de su constitución y derivado de ello. Tampoco fue veraz la información que aparecía en el folleto para los inversores minoristas. Por tanto, el magistrado señala que esa información falsa tuvo un resultado lesivo para el nuevo inversor y le ocasionó un perjuicio, que según Andreu, es de muy difícil cuantificación, debido a que unos accionistas vendieron sus títulos a un precio mayor al que compraron, otros a uno inferior, y están también los que todavía los conservan. Aún así el juez argumenta que ello no significa que no deban asegurarse las posibles responsabilidades civiles que se puedan derivar que se puedan derivar del proceso judicial, ya que han surgido factores, asegura, que justifican la necesidad de adoptar una medida cautelar «real» pues la apertura de juicio oral no es cercana.

La fianza podría aumentar o disminuir

La cuantía de los 800 millones de euros es, según el juez, proporcionada pero a fin de no establecer perjuicio a los intereses de los inversores la misma es de carácter provisional asegurando así las expectativas del accionariado minorista.

La fianza resulta de sumar la tercera parte de los 1.800 millones en acciones que Bankia colocó entre minoristas (600 millones de euros) más el tercio establecido en la ley de fianzas civiles (200 millones de euros). El magistrado asegura que la ley permitirá ampliar o reducir la cuantía según se desarrolle la evolución del proceso judicial.

Cabe señalar que los afectados por la fusión y salida a bolsa de Bankia solicitaron ante el magistrado una fianza solidaria de 4.112 millones de euros a la treintena de antiguos miembros del consejo de administración, a Bankia y a la BFA imputados en la causa, y la fiscalía anticorrupción se opuso a la petición de los más de 2000 perjudicados.

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